Ayuso acorrala a Sánchez con 9 frentes judiciales que empañarán su año electoral

El 2023 promete ser un año intenso en la Justicia. Al menos nueve causas están abiertas en los tribunales a instancias del equipo de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez. OKDIARIO recopila estos pleitos que auguran importantes dolores de cabeza en el personal del Palacio de La Moncloa si se convierten en varapalos a los argumentos que defienden desde el Ejecutivo central.

Los primeros frentes judiciales de Sánchez contra Ayuso proceden de la pandemia del Covid-19. La Administración autonómica ha abierto tres procedimientos judiciales contra las órdenes comunicadas por el Ministerio de Sanidad en las que Madrid salía perjudicada. Se trataba de medidas en materia de Salud Pública en las que el conflicto se sustenta en la falta de consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los técnicos madrileños entienden que como Madrid votó en contra no era posible acordar las medidas e imponerlas a la fuerza.

Uno de los recursos están pendientes de resolución desde el 2020. La Audiencia Nacional analiza la orden comunicada el 30 de septiembre de ese año para cerrar la región el puente de octubre. En segundo lugar, esa misma instancia judicial también se tendrá que pronunciar por orden comunicada de 11 de marzo de 2021 por la que se clausuró la autonomía en Semana Santa en el marco del controvertido Estado de Alarma aprobado por un Real Decreto que a la postre se calificó como inconstitucional.

Por otra parte, a la Audiencia también llegó un recurso madrileño contra la orden de junio de 2020 de restricciones a la hostelería. En este caso, el procedimiento está finalizado, pues se estimó la medida cautelarísima solicitada desde la Comunidad, obligando al Ministerio de Sanidad a revocar la resolución impugnada, dejando el procedimiento sin objeto.

Transferencias

En tercer lugar, el siguiente recurso que se presentó fue por las diferencias interpretativas en las entregas a cuenta de dinero de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Existiría una diferencia de 53 millones de euros entre la cantidad prevista y la finalmente abonada. La Audiencia Nacional tendrá que resolver, si bien en este caso la Comunidad prefiere mantenerse prudente ante una posible sentencia con pronóstico desfavorable.

A continuación aparece el enfrentamiento por la liquidación del IVA de 2017. Es un encontronazo que nace en el marco del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas. Como consecuencia de un ajuste legal en la mecánica del impuesto, a la Comunidad de Madrid (al igual que al resto de  regiones) se le remitieron únicamente 11 mensualidades del impuesto, dejando la última desplazada al ejercicio siguiente, en el cual no se compensó el daño. En esta ocasión, el caso ha finalizado por satisfacción extraprocesal después de que en marzo de 2022 se pagaran 425 millones de euros a la Comunidad.

Por otra parte, aparece el pleito por los precios públicos de las universidades. Es el recurso contra el acuerdo de mayo de 2020 de la Conferencia General de Política Universitaria. Fijaba los precios públicos correspondientes a los servicios universitarios. La Comunidad no está de acuerdo con los importes fijados, entendiendo que no responden a la realidad de esta Administración y no respetan la correlación mínima necesaria entre el coste del servicio y el precio. El procedimiento ha sido remitido a la Audiencia Nacional, que todavía no habría aceptado su competencia.

Fondos UE

Otro tema que ha enfrentado a las dos administraciones es el reparto de fondos europeos. Ayuso impugnó el Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones de «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», en el marco del plan Next Generation (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). El caso está en el Tribunal Supremo.

Más recientemente se llevó ante los jueces el Real Decreto de ordenación de las enseñanzas mínimas del Bachillerato. Se cuestiona la posible extralimitación del Estado como legislador básico, al no dejar margen de desarrollo de la materia, y además, en su caso, la vulneración de los principios constitucionales y educativos esenciales en la definición del contenido de las materias educativas. También está en el mismo Alto Tribunal.

Energía

También Ayuso ha recurrido el decreto de Sánchez para impulsar el ahorro energético en el marco de la guerra de Ucrania. En noviembre el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso contra el plan que obliga a, entre otras cosas, limitar la temperatura de la calefacción y la refrigeración a 19 y 27 grados, respectivamente.

Igualmente, Ayuso ha afirmado que recurrirá el impuesto a los ricos que impulsan PSOE y Podemos desde el Consejo de Ministros para 2023. Otras regiones gobernadas por el PP, como Andalucía, también trabajan ya en el texto para llevar a los tribunales este plan.

Anticorrupción

Por otra parte, el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, liderado por Ayuso, llevó a la Fiscalía Anticorrupción 12 contratos por valor de 326 millones y 14 ayudas en forma de avales en plena pandemia por presunta prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación de caudales públicos. Lo relativo a ayudas a la empresa de plásticos que explota un negocio del padre de Sánchez y contratos con la empresa del marido de Nadia Calviño se ha archivado. No obstante, aún quedan abiertos compras sospechosas de instituciones públicas como Puertos del Estado, Adif, el Ministerio de Interior y propiamente el de Sanidad.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, una vez en Anticorrupción se abrieron diligencias de todo ello para, además, remitir a la Fiscalía Europea dos causas: los 4 contratos de la empresa FCS Select Products S.L, con un valor de 263 millones y el firmado con la empresa Weihai Textile Group, de 10 millones. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los juzgados madrileños las causas correspondientes a las compañías FCS y Hyperin Grupo Empresarial.